Hay sellos que nos echan de nuestra casa

Áurea se separa de su marido en 1999, pero él llega a un acuerdo con el banco para vender la casa y su empresa, dejándola en la calle con tres hijos.

Ante esta situación, se ve obligada a compaginar 3 trabajos diarios para llegar a fin de mes. Trabaja por las mañanas en una panadería, a medio día limpia una casa y por la tarde, hasta la 1 de la mañana, en una cocina.

En el año 2000 se informa de unas casas de protección social en Alcorcón de alquiler con derecho a compra, y entra a vivir con sus hijos.

Poco a poco, a base de mucho esfuerzo y trabajo va pagando sus cuotas, por lo que en 2005, tras 5 años puede renovar el contrato. Pero la constructora le sorprende diciéndole que esas casas no se venderán, que son únicamente de alquiler.

Confundida se dirige al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) donde le aseguran que esa casa está en régimen de venta, y le entregan un dossier con los datos técnicos de la vivienda con el precio acordado de venta una vez pasados los 10 años.

Ante esta información, Áurea renueva por otros 5 años su alquiler esperando luego poder comprar su casa, a pesar de que el alquiler ha subido de 400€ a 650€.

Pero en 2010, pasados los siguientes 5 años, recibe un burofax de otra constructora, con la que no tenía firmado nada, donde se le comunica que, o renueva el alquiler de su casa en régimen de alquiler (renunciando así a su compra) o debe abandonarla.

Abatida e indignada, se presenta en la Comunidad de Madrid donde le comunican que su vivienda, junto a las de otras 153 familias, no figura en el registro como viviendas.

Tras varias negativas a darle más información, Áurea contacta con representantes políticos, con el Defensor del Pueblo, la Junta Sancionadora de la Comunidad de Madrid, con el Director del Suelo de la Comunidad de Madrid, y todos ellos le prometen una ayuda que nunca llegará.

Áurea decide seguir luchando. La Comunidad de Madrid se niega a proporcionarle un abogado de oficio ya que asegura que “todo está arreglado” y solo fue “un pequeño error”, por lo que Áurea con sus escasos recursos debe costear su propia defensa.

Van a juicio y la sentencia le absuelve de pagar las costas pero le obliga a abandonar su casa. Recurre la sentencia pleito tras pleito hasta que su abogado decide abandonar el caso. Áurea ha perdido dos años y más de 5.000 euros.

Cambia de abogado e invierte otros 2.000 euros pero ante la imposibilidad de seguir costeando su defensa, debe abandonar la lucha.

14 años después de firmar un contrato de vivienda social de alquiler con derecho a compra y habiendo pagado todas y cada una de las letras, Áurea vive actualmente en un Centro de Acogida.

Los pisos destinados a vivienda social están siendo vendidos a nuevas constructoras y fondos de inversión por parte de la Comunidad de Madrid.

Esta es la historia real de Áurea. En nuestra mano está conseguir un buen final para ella y las aproximadamente mil familias que son víctimas de esta injusticia social solo en Alcorcón. Si tú también quieres cambiar la historia, pide tu sello y plasma tu desacuerdo utilizando el hashtag #NoMásDesahucios.

En 1993 Irene, madre soltera con un hijo a su cargo, empieza una relación en la que tiene dos nuevos hijos. Durante la misma compra una casa junto a su entonces pareja en Vallecas.

Tras 13 años de matrimonio y victima de malos tratos, en 2006 se separa con una orden de alejamiento. El juez le da la custodia de los niños y obliga a su exmarido a pasarle una pensión por manutención que jamás verá.

Irene en ese momento cobra 800€, y debe elegir entre pagar la hipoteca o sacar a sus hijos adelante.

En 2009 y ante los constantes incumplimientos del pago de la pensión, va a juicio y a su exmarido le embargan el 50% de la vivienda como compensación del pago de la pensión de sus hijos. Pero lo único que heredará es la deuda, ya que el 50% de su casa pasa a pertenecer al banco.

De este modo, Irene sigue sin recibir ninguna pensión, y mantiene toda la deuda.

El 11 de octubre de 2012 el banco, que jamás le informo de ningún tipo de impago, le deja una orden de desahucio pegada en su puerta en la que le comunica que el desahucio se producirá el 19 de noviembre de ese mismo año.

Irene denuncia al banco por las clausulas abusivas que introdujo en su hipoteca, pero no obtendrá respuesta.

Además, descubre que su deuda ha pasado de 74.000 € a 110.000 € ya que le han incluido las costas de un juicio del que no fue informada y que perdió por no comparecer. Según el banco, ignoraba su domicilio a pesar de haber procedido al embargo del mismo.

Irene acude a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y junto a ellos consigue que el banco paralice el desahucio, dándole un margen de 2 años para ir liquidando la deuda. El acuerdo al que llega con la entidad bancaria consiste en ir pagando una cantidad mensual que se irá desgravando de la deuda.

Pero en julio de 2014 cierran la sucursal donde hace el pago de su letra y al informarse de cómo puede seguir pagándola descubre que el banco ha venido su deuda a una financiera.

Ante semejante situación finalmente consigue un alquiler social un mes antes de que la desahucien, ahorrando a sus 2 hijos menores el trauma de ver como les echan de su casa. El 19 de noviembre del 2014, se produce el desahucio, aunque afortunadamente la familia no está para verlo.

Actualmente Irene tiene una deuda de 74.000€ (que le demanda la financiera) que le perseguirá toda la vida, y reside con sus dos hijos menores en una vivienda de protección social. Está en paro, pero sigue buscando trabajo y realizando cursos de formación cada día para poder sacar adelante a su familia.

Esta es la historia real de Irene. En nuestra mano está conseguir un buen final para ella y las miles de familias que son víctimas de esta injusticia social. Si tú también quieres cambiar la historia, pide tu sello y plasma tu desacuerdo utilizando el hashtag #NoMásDesahucios.